Seamos honestos: el intento de la Procuraduría Social (PROSOC) por «profesionalizar» la administración condominal en la Ciudad de México es, en el mejor de los casos, una tragicomedia de enredos. Si bien la intención de ordenar el caos inmobiliario es loable, el método aplicado parece extraído de un guion de Franz Kafka en un mal día.

La «Falla en la Matrix»: ¿Igualdad ante la Ley?

Desde 1989, el organismo supuestamente vela por el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio. Sin embargo, en la práctica, ha creado un sistema de castas profundamente desigual:

• El Administrador Profesional: Para él, la ley es un muro de hierro. Debe certificarse ante la Procuraduría (pagar sus 3mil pesitos) sin derecho de quejarse o revisar su examen y presentar una fianza al registrar el edificio. Primero se prueba el valor, luego se administra.
• El Administrador Condómino: Ese «héroe anónimo» que aceptó el puesto por azar o porque nadie más levantó la mano. Para él, las puertas están abiertas: basta con estar al corriente en sus cuotas. ¿Capacitación? Puede tomarla después de asumir el cargo… si es que le da tiempo o ganas.

Esta asimetría es la receta perfecta para la ineficiencia. Mientras al experto se le exige el blindaje completo de entrada, al entusiasta se le permite operar bajo la premisa de «echar a perder se aprende».

Certificación: ¿Examen de conocimientos o prueba de resistencia?

El proceso de certificación es, quizás, el chiste peor contado del sistema. Se nos entrega una evaluación que la propia autoridad tilda de «compleja», pero que en realidad padece de una redacción mediocre y preguntas capciosas y algunas sin respuesta.

El resultado es previsible: un porcentaje masivo de profesionales reprobados. No porque ignoren el campo de batalla, sino porque el sistema no distingue entre la teoría pura (a veces mal planteada) y la realidad operativa. La PROSOC insiste en evaluar habilidades reales con un examen que parece más un trámite de resistencia burocrática que una validación de competencias.

El colmo de la opacidad: El examen «viajero del tiempo»

La falta de transparencia alcanzó niveles surreales en la jornada de enero de 2026. En un desplante de desorganización (o cinismo jurídico), el examen se aplicó el 16 de enero, mientras que la convocatoria oficial se publicó en la Gaceta… ¡el día 17! Cualquier estudiante de derecho sabe que esto vicia el proceso de nulidad. Si a esto le sumamos que, por decreto de diciembre de 2024, las funciones de la PROSOC debían ser absorbidas por la Secretaría de Vivienda, el panorama es de una incertidumbre total. Tenemos manuales administrativos donde vienen las reglas de la certificación del 2014 Manual Administrativo MA-27/170822-PROSOC-11CE227 llenos de organigramas y glosarios robustos en papel, pero que en la vida real son letra muerta.

Conclusión: Menos Juez, más Registro

El problema de fondo es que la PROSOC se empeña en ser juez y parte, ignorando que ya existe un estándar federal superior: el EC0112 de SEP-CONOCER para Administradores de Condominios, que evalúa competencias reales y habilidades prácticas de manera objetiva.

El camino hacia una verdadera profesionalización es claro: la Procuraduría debería evolucionar hacia un ente de registro de idoneidad basado en certificaciones académicas y federales externas. Mientras se aferre a validar conocimientos mediante un sistema interno carente de visión práctica y transparencia, seguiremos estancados en el status quo: una burocracia que se ahoga en sus propias formas mientras el patrimonio de los ciudadanos queda a la deriva y solo logra seguir degradando nuestra profesión» y «envilecer el gremio»

¡Registro si, Certificación No!